EU acusa a Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y a otras 9 personas de narcotráfico
El Departamento de Justicia de EU acusó al gobernador Rubén Rocha y otros funcionarios por presuntamente estar asociados al Cártel de Sinaloa.
El gobernador Ruben Rocha Moya, el alcalde Juan de Dios Gamez y
Enrique Inzunza Cazarez, senador de Morena, todos de Sinaloa entre otros 7 funcionarios o exfuncionarios estatales, fueron acusados formalmente por presunta asociación con el Cártel de Sinaloa y por delitos de tráfico de drogas y conexos por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Los acusados son todos funcionarios de alto rango, actuales o anteriores, del gobierno y las fuerzas del orden del estado mexicano de Sinaloa, incluido el actual gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y se les acusa de haberse asociado con el Cártel de Sinaloapara distribuir grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos. El caso está asignado a la jueza federal Katherine Polk Failla”, apuntó el Departamento de Justicia en comunicado este miércoles 29 de abril.
Culiacán, Sinaloa.- La diputada Roxana Rubio Valdez se posiciona como la principal figura del Partido Acción Nacional (PAN) rumbo al proceso electoral de 2027 en Sinaloa, de acuerdo con la más reciente medición de intención de voto presentada por FactoMétrica en abril de 2026.
Según el estudio, Rubio Valdez lidera las preferencias internas del PAN con un 26.7%, colocándose al frente de su partido en un escenario donde la oposición busca consolidar perfiles competitivos. Este posicionamiento la perfila como una de las cartas más fuertes del panismo en la entidad, en medio de un contexto político donde aún existe un importante porcentaje del electorado sin definir su voto.
Los resultados reflejan además un escenario abierto rumbo a 2027, donde las distintas fuerzas políticas continúan en proceso de reacomodo y definición de liderazgos. En este contexto, el crecimiento de perfiles como el de Roxana Rubio será clave para la competitividad del PAN en Sinaloa.
El estudio completo puede consultarse en el sitio oficial de FactoMétrica: https://www.factometrica.com
Culiacán, Sinaloa.– La diputada local y coordinadora del Grupo Parlamentario del PAN, Roxana Rubio Valdez, señaló que el aumento en la canasta básica registrado durante marzo, de acuerdo con datos del INEGI, confirma lo que miles de familias ya están viviendo: con Morena en el gobierno, el dinero alcanza cada vez menos.
Explicó que las cifras oficiales reflejan un incremento superior al 8% en los alimentos, con productos como el tomate, el limón y el chile por las nubes, lo que ha impactado directamente en el gasto diario de los hogares. Aseguró que estos datos evidencian una realidad que contrasta con el discurso de Morena, que insiste en que la economía va bien.
“Vas al súper y ya no te alcanza. Pagas más y te llevas menos. Esa es la realidad que está viviendo la gente, aunque Morena quiera decir otra cosa”, expresó.
La legisladora sostuvo que este encarecimiento no es aislado, sino parte de una cadena de aumentos que se han acumulado en los últimos meses, incluyendo combustibles, transporte público y casetas, sin que los gobiernos morenistas den resultados para contenerlos.
“Hoy todo está más caro: la gasolina ronda los 30 pesos, subió el camión, subieron las casetas… pero el dinero no rinde igual. Esa es la diferencia entre lo que dice Morena y lo que vive la gente”, dijo.
Rubio Valdez también cuestionó las declaraciones de la presidenta, al considerar que minimizan la situación que enfrentan millones de mexicanos y reflejan una desconexión total con la realidad.
“Decir que comer frijol es como comer carne o que si no te alcanza para la gasolina roja le pongas verde, es un insulto”, afirmó.
Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía a no dejarse llevar por los discursos oficiales y a exigir resultados ante el aumento constante en el costo de vida: “Que no te engañen. Con Morena todo está más caro, y eso se siente todos los días en la mesa de cada casa”.
Pregunta que le hice a varias IA tomando en cuenta el contexto actual del Estado y del Pais, un análisis propio, los resultados de las elecciones del 2021 y del 2024, el hartazgo hacia morena, entre otros factores. En todos los escenarios, en absolutamente todos, pierde la oposición si va fragmentada, es decir, cada quien por su lado.
1. Punto de partida: ¿qué tan fuerte es Morena en Sinaloa?
Elección 2021 (gubernatura)
Morena (con PAS) ganó con 56–58% de los votos
PRI-PAN-PRD: 33%
Diferencia: más de 20 puntos
Elección 2024 (local + federal)
Morena:
Ganó 15 de 20 alcaldías
Ganó la mayoría del Congreso local (prácticamente todo)
Oposición (PRI-PAN-PRD):
Solo 3 municipios
Movimiento Ciudadano:
1 municipio (Elota)
Resultado claro: Morena domina territorialmente el Estado
Elección presidencial 2024
Morena gana en prácticamente todo el país, incluido Sinaloa
2. Si PRI, PAN y MC van separados en 2027
Aquí está la clave.
Matemática electoral básica
En 2021:
Morena: 56%
Oposición unida: 33%
Si se dividen, ese 33% se fragmenta:
Ejemplo realista:
PRI: 8–10%
PAN: 12–15%
MC: 5–7%
Morena gana con pluralidad, aunque baje.
3. ¿Puede Morena debilitarse para 2027?
Sí, pero no lo suficiente (por ahora).
Veamos:
Factores que SÍ afectan a Morena:
Inseguridad en Sinaloa
Es el mayor problema estructural
Puede erosionar voto urbano (Culiacán, Mazatlán)
Economía local
Cierre de negocios, informalidad, presión criminal
Desgaste en clase media y empresarial
Desgaste natural del poder
Morena ya gobierna (no es oposición)
Empieza a cargar costos
Pero también hay factores que lo sostienen:
Programas sociales
Base electoral muy sólida en zonas populares (aunque en las pasadas elecciones para síndicos morena perdió prácticamente todo)
Marca nacional fuerte
Morena sigue siendo dominante a nivel país
Debilidad opositora
Sin narrativa clara
Sin liderazgos fuertes en Sinaloa
4. El problema real de PRI, PAN y MC
No es solo Morena… es ellos mismos:
PRI
Estructura debilitada
Muy mala percepción histórica
PAN
Poco arraigo real en Sinaloa
Voto urbano limitado
MC
Crecimiento, pero:
Sin estructura suficiente
Voto disperso
Divididos, compiten entre sí más que contra Morena.
5. Escenarios 2027 (SIN alianza)
Escenario más probable:
Morena: 40–50%
PRI: 10–7%
PAN: 10–15%
MC: 6–9%
Resultado:
Morena gana con relativa facilidad
Escenario optimista para oposición (aún divididos):
Morena baja a 38–42%
Oposición fragmentada suma más… pero no junta
Resultado:
Morena gana igual (por división del voto)
6. ¿Cuándo SÍ podrían competir?
Solo en estos casos:
1. Morena se fractura internamente
(como pasó en Coahuila en otros contextos)
2. Surge candidato muy fuerte opositor
(tipo outsider o figura local potente)
3. Crisis grave (seguridad/economía)
que cambie percepción masiva
Hoy, ninguno de estos factores está consolidado.
CONCLUSIÓN CLARA
Sin alianza, PRI, PAN y MC tienen muy pocas probabilidades reales de ganar en Sinaloa en 2027.
Por no decir que totalmente nulas.
Morena parte con ventaja estructural fuerte (histórica + territorial)
La oposición dividida no compite, solo fragmenta el voto
Aun con desgaste, Morena sigue siendo el “piso más alto”
Sinaloa 2027: la elección que puede decidirse antes de empezar
En política, no todas las elecciones se ganan en campaña. Algunas se definen mucho antes, en la estructura, en la aritmética electoral y, sobre todo, en los errores de los adversarios. Ese parece ser el escenario rumbo a 2027 en Sinaloa.
Hoy, el partido dominante no solo es fuerte: es estructuralmente superior. Morena no llega a la próxima elección como un competidor más, sino como el eje del sistema político estatal. Los datos recientes lo confirman. En 2021 ganó la gubernatura con una ventaja superior a los 20 puntos. En 2024 consolidó ese dominio: control territorial, mayoría legislativa y presencia en casi todo el mapa municipal.
El principal problema de la oposición no está en Morena… está en sí misma.
PRI, PAN y Movimiento Ciudadano enfrentan una paradoja: juntos podrían competir; separados, prácticamente garantizan su derrota. La matemática electoral es clara. Si en 2021 la oposición unida rondaba el 33% de los votos, fragmentada ese porcentaje se diluye en bloques de entre 5% y 12%. En ese escenario, Morena no necesita mayoría absoluta: le basta con una pluralidad para ganar con relativa comodidad.
Así, la elección de 2027 corre el riesgo de convertirse en una contienda predecible. No porque no existan problemas en el estado —que los hay, y profundos— sino porque no existe, hasta ahora, una alternativa capaz de capitalizarlos políticamente.
Lo que sí está claro es esto: la oposición no pierde por falta de razones, pierde por falta de estrategia.
Al final, la elección de 2027 podría no ser una competencia entre proyectos, sino una demostración de una vieja regla política: dividirse frente a un adversario fuerte es, en los hechos, renunciar a ganar.
En una frase:
Si no se unen, no es una elección competida: es una elección definida. Gana Morena.
Culiacán, Sinaloa, a 06 de abril de 2026.- El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional expresó su rechazo al incremento en la tarifa del transporte público aplicado a nivel estatal, al considerar que se trata de una medida que impacta negativamente a las familias en todos los municipios sin garantizar mejoras reales en el servicio.
La diputada y coordinadora del PAN en el Congreso, Roxana Rubio Valdez, advirtió que este aumento no es un tema aislado, sino una decisión que afecta directamente a miles de sinaloenses en todo el estado.
“No estamos hablando de un problema local, es un aumento estatal que castiga por igual a las familias de Culiacán, Mazatlán, Los Mochis y cada rincón de Sinaloa. Hoy se les cobra más por un servicio que sigue siendo deficiente”, expresó.
Rubio Valdez señaló que el incremento refleja una falta de sensibilidad ante la situación económica actual, donde las familias enfrentan aumentos constantes en productos básicos.
“No se puede seguir trasladando el costo de la ineficiencia a los ciudadanos. Este aumento no viene acompañado de resultados, no hay mejoras visibles en unidades, rutas ni condiciones para los usuarios”, puntualizó.
Por su parte, el diputado Jorge González criticó la forma en que se tomó la decisión y cuestionó que primero se haya autorizado el aumento sin exigir cambios reales en el sistema de transporte.
“Primero debieron mejorar el servicio y después discutir cualquier ajuste. Aquí lo hicieron al revés: aumentan la tarifa en todo el estado con promesas que no tienen garantía de cumplirse”, afirmó.
El legislador panista insistió en la necesidad de establecer mecanismos de supervisión claros que obliguen a los concesionarios a cumplir con estándares de calidad.
“No vamos a permitir que decisiones que afectan a todo Sinaloa se tomen sin resultados ni transparencia. El transporte público debe ser accesible, seguro y eficiente, no un servicio cada vez más caro y cada vez peor”, agregó.
El Grupo Parlamentario del PAN reiteró que impulsará desde el Congreso del Estado acciones para exigir un sistema de transporte digno, con tarifas justas y mejoras reales para todas y todos los sinaloenses.
Culiacán, Sinaloa, a 1 de abril de 2026.- La presidenta del PAN en Sinaloa, Wendy Barajas Cortés, anunció que su partido presentará una segunda queja ante el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES) en contra de la senadora Imelda Castro, por presuntos actos anticipados de precampaña y campaña, promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos.
La dirigente estatal señaló que esta nueva denuncia se da en un contexto donde ya existe una queja previa que, acusó, no fue atendida con la exhaustividad y oportunidad que exige la ley, lo que coloca al órgano electoral en una situación de posible omisión frente a conductas reiteradas. En ese sentido, advirtió que Morena, de manera facciosa e ilegal, busca a toda costa proteger a la senadora para evitar que sea sancionada, mediante presión política al Instituto.
“Hoy no solo estamos ante posibles violaciones a la ley, sino ante la falta de actuación firme de la autoridad electoral frente a hechos evidentes y documentados”, advirtió.
Barajas Cortés explicó que, pese a la primera denuncia, la senadora ha continuado —de manera abierta— con una estrategia de posicionamiento anticipado rumbo al proceso electoral, mediante la realización de eventos, difusión de propaganda personalizada y entrega de diversos artículos con su nombre e imagen.
Detalló que entre las pruebas recabadas se encuentran la distribución de folletos, playeras, gorras, mochilas y otros utilitarios, así como la pinta de bardas, promoción en redes sociales, envío de mensajes SMS y la realización de eventos que implican un importante despliegue de recursos.
“La conducta no solo persiste, se ha intensificado. Estamos frente a una campaña permanente, sistemática y progresiva que vulnera la equidad en la contienda”, sostuvo.
La presidenta del PAN exigió al IEES que, a diferencia del procedimiento anterior, actúe con legalidad, sin dilaciones y con una investigación exhaustiva que permita frenar las conductas denunciadas.
Asimismo, hizo un llamado al Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa para que resuelva sin criterios políticos el recurso de revisión interpuesto por el partido, relacionado con la resolución previa del Instituto.
Finalmente, Barajas Cortés condenó enérgicamente los hechos señalados y advirtió que no permitirán que se normalicen prácticas que atentan contra la equidad electoral.
“En Sinaloa debe haber piso parejo. Nadie puede adelantarse a la ley ni hacer uso indebido de recursos para construir una candidatura”, concluyó.
Ciudad de México, 21 de marzo de 2026.- En el marco del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional (PAN), celebrado este sábado en la Ciudad de México, el presidente nacional del partido, Jorge Romero, designó de manera directa a la diputada local y coordinadora del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado de Sinaloa, Roxana Rubio Valdez, como integrante de la Comisión Permanente Nacional.
Dicha designación se realizó sin someterse a votación, lo que resalta la confianza y el reconocimiento a la trayectoria política y partidista de la legisladora sinaloense, al integrarla al máximo órgano de decisión dentro de Acción Nacional a nivel nacional.
La Comisión Permanente es uno de los espacios más relevantes del partido, donde se definen estrategias, posturas y líneas de acción en los temas más importantes del país.
Con este nombramiento, Roxana Rubio Valdez se suma a los pocos sinaloenses que han sido distinguidos para formar parte de este órgano nacional del partido, fortaleciendo la representación del estado en las decisiones de alto nivel dentro de Acción Nacional.
Al darse por enterada de este nombramiento, la legisladora expresó su agradecimiento por la oportunidad y el reconocimiento que representa esta designación.
“Quiero expresar mi más profundo agradecimiento a toda la militancia de Acción Nacional por la confianza, y de manera muy especial al presidente nacional, Jorge Romero, por esta designación directa que asumo con responsabilidad y compromiso”, señaló.
Asimismo, destacó que este nuevo encargo representa una oportunidad para seguir impulsando la participación de los estados en las decisiones nacionales del partido.
“Es un honor formar parte de la Comisión Permanente Nacional. Vamos a seguir trabajando con firmeza, defendiendo los principios del PAN y representando con dignidad a Sinaloa en este importante espacio”, afirmó.
Con este nombramiento, se fortalece la representación de Sinaloa en los órganos nacionales del partido, consolidando la participación activa de sus liderazgos en la vida interna de Acción Nacional.
Del derecho a la censura: violencia política de género y abuso de poder en el caso Negrete vs. Zermeño: La violencia política intrafemenina, como forma de violencia patriarcal de mujeres en el poder.
Palabras clave
Violencia política de género, libertad de expresión, privacidad, derecho electoral, abuso de poder, feminismo político.
La reciente resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en el caso Negrete vs. Zermeño constituye un precedente clave en la delimitación de la violencia política contra las mujeres en razón de género (VPMRG) en entornos digitales. El fallo no solo revoca una sanción basada en mensajes privados, sino que expone un fenómeno más profundo: la posible instrumentalización del derecho electoral como mecanismo de control político. Este artículo analiza la decisión desde una perspectiva constitucional, crítica y feminista, problematizando el uso expansivo de la VPMRG y sus implicaciones para la libertad de expresión, la privacidad y el equilibrio democrático.
cuando el derecho se vuelve herramienta de poder
En contextos democráticos contemporáneos, el derecho electoral ha dejado de ser únicamente un mecanismo de organización del poder para convertirse también en un campo de disputa política. El caso Negrete vs. Zermeño es paradigmático en este sentido: revela cómo categorías jurídicas diseñadas para proteger derechos —como la violencia política de género— pueden ser reconfiguradas y, eventualmente, instrumentalizadas.
La decisión de la Sala Superior, al revocar la sanción impuesta, no solo resuelve un conflicto individual, sino que fija límites al alcance del poder sancionador del Estado frente a la vida privada y la libertad de expresión. El caso: de lo privado a lo jurisdiccional
El conflicto surge a partir de la denuncia presentada por Almendra Negrete contra Emma Zermeño, derivada de mensajes emitidos en un chat privado de WhatsApp. Dichos mensajes, filtrados por terceros, fueron considerados inicialmente como constitutivos de violencia política de género. Sin embargo, el elemento central del caso radica en su naturaleza:
• Se trata de comunicaciones privadas
• No dirigidas directamente a la denunciante
• Sin difusión pública acreditada
• Obtenidas sin control judicial
La Sala Superior resolvió que estos elementos eran insuficientes para configurar una infracción electoral, particularmente al no existir afectación real a los derechos político-electorales de la denunciante. La decisión del Tribunal: límites al poder sancionador. Además la sentencia establece tres criterios fundamentales:
1. No todo conflicto entre mujeres es violencia política de género. El Tribunal reafirma que la VPMRG exige:
• afectación real al ejercicio del cargo
• impacto en derechos político-electorales
• un contexto que trascienda lo interpersonal
Esto impide que la categoría se diluya en conflictos privados o desacuerdos políticos.
2. La privacidad como límite constitucional:
El fallo reconoce que las comunicaciones privadas están protegidas por el marco constitucional, particularmente por el principio de inviolabilidad de las comunicaciones. Sancionar expresiones en chats privados implicaría abrir la puerta a un modelo de vigilancia incompatible con el Estado constitucional de derecho.
3. La invalidez de pruebas ilícitas:
Las capturas de pantalla obtenidas sin consentimiento ni autorización judicial fueron consideradas pruebas ilícitas, reafirmando el principio de legalidad en materia probatoria. El riesgo del punitivismo electoral
Más allá del caso concreto, la resolución permite identificar una tendencia preocupante: la expansión del derecho sancionador electoral bajo la bandera de la protección de derechos. Este fenómeno puede conceptualizarse como: punitivismo electoral de género, es decir, el uso de categorías de protección —como la VPMRG— para ampliar el control institucional sobre conductas que no necesariamente lesionan derechos fundamentales.
Violencia política intrafemenina: una categoría emergente
Desde una perspectiva feminista crítica, el caso también evidencia dinámicas de poder entre mujeres en el ámbito político. FUNDAMENTAL ES SEÑALAR CLARAMENTE QUE: No toda confrontación entre mujeres es expresión de patriarcado. En ciertos contextos, puede tratarse de:
• disputas por poder político
• control de narrativas
• uso estratégico de mecanismos institucionales
Esto abre la puerta a una categoría analítica relevante:VIOLENCIA POLÍTICA INTRAFEMENINA, donde mujeres con mayor acceso al poder institucional pueden activar mecanismos jurídicos contra otras mujeres en condiciones de menor poder.
¿Buen gobierno o abuso institucional?
El caso plantea una pregunta de fondo: ¿hasta dónde puede llegar el Estado en su función de proteger derechos sin vulnerarlos? Desde la perspectiva del derecho al buen gobierno, la actuación estatal debe regirse por:
• legalidad
• proporcionalidad
• eficacia
• respeto a derechos fundamentales
Cuando el aparato institucional se utiliza para sancionar expresiones privadas, se corre el riesgo de transitar hacia formas de abuso de poder legitimado jurídicamente. En el caso de Morena y la lógica del poder que actualmente manejan: Hay una reflexión necesaria, sin caer en reduccionismos partidistas, el caso se inscribe en un contexto político más amplio donde actores vinculados al poder han sido señalados por:
• judicializar la crítica
• expandir categorías de violencia
• utilizar instituciones para proteger su imagen
Si bien es cierto, esto no es exclusivo de un partido, pero en el contexto actual resulta relevante analizar cómo el discurso de derechos puede convertirse en herramienta de control político. La resolución del TEPJF en el caso Negrete vs. Zermeño constituye un dique frente a la expansión del poder sancionador del Estado. El fallo entonces claramente es importante porque:
• protege la privacidad;
• salvaguarda la libertad de expresión;
• delimita el alcance de la violencia política de género.
Pero, sobre todo, deja una advertencia: Cuando el derecho se utiliza para sancionar la disidencia —aunque sea en privado— deja de ser instrumento de justicia para convertirse en mecanismo de control. En tiempos de polarización política y expansión del poder institucional, este precedente reafirma que la democracia no solo se defiende en las urnas, sino también en los límites que se imponen al poder.
En septiembre de 2017, tras los devastadores sismos que azotaron el centro y sur de México, Andrés Manuel López Obrador, entonces líder de Morena, lanzó una iniciativa que parecía noble: el fideicomiso “Por los demás”. Una cuenta en Banco Afirme (133121765, CLABE 06210001331217652) para recibir donaciones de militantes y ciudadanos, con una meta inicial de 103 millones de pesos. El dinero, prometía, se entregaría directamente a damnificados en Oaxaca, Chiapas, Morelos, Puebla, Guerrero, Estado de México y Ciudad de México. Un comité de figuras públicas —Laura Esquivel, Elena Poniatowska, Paco Ignacio Taibo II— avalaba la transparencia.
Los hechos contaron otra historia. El Instituto Nacional Electoral investigó y encontró irregularidades graves: más de 44 millones de pesos en efectivo (prohibido por el contrato y las normas electorales), depósitos “hormiga” sospechosos (28 transferencias de 50 mil pesos en apenas 20 minutos por operadores cercanos a Morena), y desvío de recursos hacia candidatos, legisladores y estructuras partidistas. El INE multó a Morena con 197 millones de pesos por financiamiento paralelo ilegal, dio vista a la FGR, SAT y CNBV por posibles delitos electorales, fiscales y de lavado. Aunque el TEPJF revocó parcialmente la sanción, la opacidad quedó como herida abierta: nunca hubo una rendición pública detallada, peso por peso, de la entrega directa a las víctimas.
Casi nueve años después, el 14 de marzo de 2026, el ahora expresidente reaparece en redes con un llamado similar, pero internacional. Invita a depositar en una cuenta de **Banorte** (1358451779, a nombre de la asociación civil **Humanidad con América Latina**) para ayudar al “pueblo de Cuba” ante lo que describe como intentos de “exterminio” por el bloqueo estadounidense. Los fondos comprarían alimentos, medicinas, petróleo y gasolina. La asociación, integrada por “ciudadanos, escritores y periodistas”, promete entrega directa.
El contexto es real: Cuba atraviesa una crisis energética y alimentaria extrema. México, bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum, ha enviado ya varios cargamentos humanitarios vía Armada (más de 3,000 toneladas reportadas hasta marzo 2026, con buques como el ARM Papaloapan y Huasteco llevando leche, frijol, medicinas e insumos). Díaz-Canel ha agradecido públicamente y negado que las donaciones se vendan en tiendas en divisas; el gobierno cubano afirma distribución a vulnerables con “triple auditoría”.
Sin embargo, el patrón genera escepticismo legítimo. Reportes independientes y denuncias en redes señalan que parte de la ayuda oficial mexicana termina en manos de estructuras militares o se comercializa en dólares, no llega gratis al pueblo. La nueva cuenta no es un fideicomiso político ni partidista, pero carece (hasta ahora) de mecanismos independientes de fiscalización pública. Nadie ha auditado aún los movimientos, y el antecedente de 2017 pesa: ¿qué garantiza que esta vez sea diferente?
La verdadera ayuda no se mide en declaraciones emotivas, sino en transparencia verificable: informes detallados, auditorías externas, publicación de beneficiarios.
En un país donde la desconfianza hacia las instituciones y los líderes es alta, pedir dinero sin rendir cuentas claras no es solo imprudente: es irresponsable. La solidaridad genuina no necesita vergüenza ajena ni olvido conveniente del pasado. Requiere hechos, no solo buenas intenciones. Porque, como en 2017, al final siempre queda la misma pregunta: ¿a dónde fue realmente el dinero?
Si no lo hace, el precedente jurídico de la VIOLACION GRAVÍSIMA AL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL (porque viola la Sala Regional el artículo 12 de la Declaración UNIVERSAL de los derechos humanos).
La borrachera “morena” de poder está grave:
LOS DELITOS DE UN TRIBUNAL ELECTORAL.
El caso Zermeño López, el artículo 16 y la interpretación aislada como vicio metodológico.
El 25 de febrero de 2026, la Sala Regional Guadalajara del TEPJF (magistradas Barrera Amador, Cervantes Bravo y Guerrero Olvera) determinó, por unanimidad, que la ciudadana María Emma Zermeño López había cometido violencia política de género contra una diputada de Morena.
La prueba: capturas de pantalla de conversaciones privadas de WhatsApp donde Zermeño opinó sobre el desempeño de la legisladora. Las capturas fueron entregadas por el propio interlocutor, quien después se integró al equipo de la denunciante.
El Tribunal Electoral de Sinaloa resolvió correctamente. Dos veces. Declaró inadmisibles las capturas por la inviolabilidad de las comunicaciones privadas del artículo 16 constitucional. La Sala Regional lo revocó. Dos veces.
Pero la Sala Regional invocó la excepción del párrafo 16 del artículo 16 constitucional: la comunicación aportada voluntariamente por un interlocutor. Aisló ese párrafo de su contexto normativo. Leamos completo:
El artículo 16 regula la intervención de comunicaciones en el ámbito penal exclusivamente. La autorización la otorga un juez federal. A petición del Ministerio Público. Para investigar delitos. Y la excepción que la Sala invocó — la aportación voluntaria por un interlocutor — tiene un requisito textual ineludible: que la comunicación contenga “información relacionada con la comisión de un delito”.
¿Opinar en un chat privado sobre el desempeño de una diputada es un delito?
No. No lo es en ningún código penal del país. Es ejercicio de la libertad de expresión en su manifestación más protegida: la esfera íntima.
Si la conducta no es delictiva, el párrafo 16 del artículo 16 es inaplicable. La excepción no se activa. La comunicación es inadmisible. Y la sentencia es nula.
Lo que hicieron las magistradas tiene nombre técnico: extirparon un párrafo de su sede constitucional, suprimieron el requisito que lo condiciona, y lo aplicaron a un supuesto que la Constitución no prevé. Eso no es interpretar. Es legislar. Y cuando un juzgador legisla para sancionar a un ciudadano por pensar en voz alta con un amigo, la operación trasciende el error judicial y se adentra en el terreno de la responsabilidad.
Tres vías que deben explorarse:
1. Responsabilidad administrativa. Una resolución que conculca derechos fundamentales mediante una interpretación manifiestamente contraria al texto constitucional configura ejercicio indebido de la función pública.
2. Responsabilidad constitucional. El artículo 110 prevé el juicio político contra magistrados federales por actos que redunden en perjuicio de intereses públicos fundamentales. La anulación de la inviolabilidad de las comunicaciones privadas para sancionar opiniones íntimas lo es.
3. Responsabilidad penal. Cuando la actuación jurisdiccional excede los márgenes de la interpretación razonable y se convierte en violación directa de garantías constitucionales, puede configurarse abuso de autoridad (art. 215 CPF). La independencia judicial protege al juzgador que interpreta dentro de lo razonable. No protege al que mutila la Constitución para fabricar una norma que no existe.
La independencia judicial no es un cheque en blanco. Es un escudo. Y un escudo no debe usarse como disfraz.
El artículo 16 no dijo: “Las comunicaciones privadas son inviolables, salvo que alguien las filtre.” No dijo: “salvo en materia electoral.” No dijo: “salvo que contengan opiniones que molesten a un legislador.”
Dijo: “Las comunicaciones privadas son inviolables.”
Si la Sala Superior cierra la puerta con el proyecto de De la Mata, Zermeño quedará sin recurso interno efectivo. Y el precedente estará sentado: en México, las conversaciones privadas pueden usarse para sancionarte si opinas sobre alguien con poder político.
Eso no es justicia electoral. Es vigilancia con toga. Y quienes la ejercen deben responder por ella.
